Los obispos aprueban una declaración para advertir que «podría» dar cobertura legal a la aceleración de la muerte
El Proyecto de Ley Reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, que el Gobierno acaba de enviar el Congreso, «podría suponer una legalización de prácticas eutanásicas». Así lo advierten los obispos en una Declaración aprobada ayer, durante la reunión de la Comisión Permanente, que ha tenido lugar estos días en el Episcopado.
El texto afirma que a pesar de que la intención de la nueva normativa es «laudable» puesto que, tal como el propio anteproyecto explicita, pretende «proteger la dignidad de la personal en el final de la vida sin despenalizar la eutanasia», establece «una concepción de la autonomía de la persona, como prácticamente absoluta» que «acaba por desvirtuar la intención declarada y por sobrepasar el límite propuesto de no dar cabida a la eutanasia». Además, los prelados consideran que el concepto de dignidad de la persona queda «negativamente afectado», ya que «parece sostenerse implícitamente que una vida humana podría carecer de dignidad tutelable en el momento en el que así lo dispusiera autónomamente la parte interesada e incluso eventualmente un tercero».
«Definición reductiva»
La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha insistido en varias ocasiones en que el anteproyecto no legaliza la eutanasia ni el suicidio asistido, sin embargo, los obispos afirman que la actual redacción de la ley «emplea una definición reductiva del concepto de eutanasia, con la que se deja la puerta abierta a ciertas omisiones voluntarias que pueden causar la muerte o que buscan de modo directo su aceleración».
Asimismo, apuntan que «se señalan algunas conductas eutanásicas a las que se daría cobertura legal como, por ejemplo, la posible sedación inadecuada, el abandono terapéutico o la omisión de los cuidados debidos».
Los argumentos esgrimidos ayer por los prelados se suman a las fuertes críticas que las distintas asociaciones pro vida ya han realizado al proyecto de ley, después de que fuera aprobado por el Consejo de Ministros a mediados de mayo. A esas posturas, los obispos añaden una consideración más: la conculcación del derecho a la libertad religiosa de los profesiones sanitarios «al quedar prácticamente reducidos a ejecutores de la voluntad de los pacientes y que no se les sea reconocido el derecho a la objeción de conciencia».
La declaración, cuyo texto íntegro será dado a conocer el lunes por el secretario general del Episcopado, Juan Antonio Martínez Camino, también recuerda que «la vida de cada persona es sagrada, también cuando es débil, sufriente o se encuentra al final de su tiempo en la tierra» y que «las leyes han de proteger siempre su dignidad y garantizar su cuidado». El cardenal Antonio María Rouco Varela había adelantado hace unas semanas que la Conferencia Episcopal estaba estudiando el contenido de la nueva normativa. Aunque aseguró que no había leído el texto, en un primer juicio entendía que no legalizaba la eutanasia. En la declaración de ayer, los obispos son cautos y en todo momento advierten de la posibilidad de que el proyecto dé cobertura legal a la aceleración de la muerte.
No hay comentarios:
Publicar un comentario